Lo que se plantea es cercenar el derecho legítimo de un propietario particular a arrendar 'su' apartamento o a hospedar en él a quien libremente considere a cambio de contrapartidas económicas legales pactadas de mutuo acuerdo.

Se pretende violar (1) la libertad económica, (2) el derecho a la propiedad y a disponer de ella en pleno dominio, y (3) el libre mercado y la libre competencia. El ejercicio de estos derechos debe limitarse sólo por el control urbanístico de la edificación y el cumplimiento de la ley (incluyendo la protección del medio ambiente urbano, la naturaleza y el paisaje).

Para un país que vive del turismo, el alquiler de apartamentos particulares supone una ampliar, diversificar y una mejorar su oferta turística. El cliente elije entre hotel, casa rural, apartamento particular. Si el holding hotelero quiere acabar con esto es porque no les gusta la competencia. Ni en precio, ni en calidad.